Madrid, tierra de libertad y autonomía educativa
- Escuela Excelente | WEB
- 3 may
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Madrid siempre ha sido un referente en la defensa de la libertad educativa. Una educación de calidad no se construye a base de restricciones generalizadas, sino permitiendo que los centros y docentes tomen decisiones responsables y fundamentadas.
Desde Escuela Excelente entendemos la preocupación de la Comunidad de Madrid ante el impacto que puede tener el abuso de pantallas en la infancia y la necesidad de regular su uso en el ámbito escolar. También compartimos la inquietud por la falta de control en algunos ámbitos sobre el acceso de niños y jóvenes a las redes sociales y otros entornos digitales. Sabemos que esta no es una decisión que se toma a la ligera y valoramos el esfuerzo por abordar un debate de gran trascendencia.
Sin embargo, creemos que una medida de esta magnitud debe tomarse con el consenso de toda la comunidad educativa. En lugar de una prohibición generalizada, es necesario un marco de actuación equilibrado que permita regular el uso de la tecnología de manera pedagógica y adaptada a la realidad de los centros. Los docentes y equipos directivos deben tener un papel clave en esta regulación, como profesionales con la formación y experiencia necesaria para gestionar el uso educativo de las pantallas en el aula.
Por ello, desde Escuela Excelente manifestamos nuestra profunda preocupación por el impacto que esta medida puede tener en la autonomía de los centros, en el trabajo de los docentes y en la equidad educativa.
La autonomía de los centros, un pilar clave en la legislación madrileña
Madrid ha sido históricamente una comunidad que ha defendido la autonomía de los centros educativos como una condición imprescindible para la calidad educativa. Esa autonomía no es un privilegio, sino un derecho recogido en múltiples normativas vigentes que este borrador de decreto pone en riesgo:
El Decreto 149/2000 reafirma que los centros docentes públicos disponen de autonomía en su gestión económica y pueden tomar decisiones dentro de sus competencias. La gestión de los recursos tecnológicos y metodológicos forma parte de esa autonomía y no debe ser restringida sin un debate educativo riguroso.
El Decreto 61/2022, que regula el currículo de Primaria en Madrid, establece que los centros tienen la capacidad de concretar el currículo en su proyecto educativo, definiendo metodologías y estrategias de aprendizaje. Esto implica que cada centro debe poder decidir cómo y cuándo integrar herramientas digitales en función de su modelo pedagógico.
La Orden 3814/2014 subraya que la autonomía de los centros es clave para adaptar la enseñanza a las necesidades del alumnado, permitiendo modificar la distribución horaria, definir contenidos y diseñar metodologías propias. Limitar el acceso a recursos tecnológicos sin una alternativa clara contradice esta normativa y reduce la capacidad de los docentes para personalizar el aprendizaje.
La autonomía de los centros es un principio rector en la normativa madrileña y cualquier restricción al uso de dispositivos digitales debe permitir a los centros decidir en función de su proyecto educativo. No se puede imponer una prohibición sin considerar la diversidad de metodologías y realidades educativas.
El papel del docente como líder del cambio digital
El borrador del decreto parte de un enfoque prohibicionista sin base científica sólida, tal y como señalan múltiples estudios en el ámbito de la tecnología educativa. El problema no es la presencia de dispositivos en las aulas, sino la falta de una estrategia educativa clara para su uso.
Como señala la profesora María del Mar Sánchez Vera, experta en tecnología educativa, el debate no debe plantearse en términos de "pantallas versus libros", sino en cómo integrar la tecnología de manera pedagógica y equilibrada. Suecia, por ejemplo, no ha eliminado la tecnología de las aulas, sino que está evaluando su impacto y ajustando su integración educativa. Madrid, en cambio, ha optado por la prohibición directa sin revisar su modelo educativo ni ofrecer una alternativa realista.
Los docentes somos los primeros interesados en hacer un uso estrictamente educativo de la tecnología, y somos los profesionales más capacitados para regularla en el aula. Sustituir la formación y la mediación pedagógica por una prohibición generalizada es un error que ignora la realidad de la educación del siglo XXI.
Brecha digital y equidad: el riesgo de una prohibición generalizada
El Informe ICILS 2023 deja claro que la competencia digital de los alumnos está directamente relacionada con su exposición temprana a tecnologías en el aula. Según este estudio internacional:
Los alumnos que reciben educación digital desde etapas tempranas tienen en promedio 26 puntos porcentuales más de competencia digital que aquellos que acceden a estos recursos de manera tardía.
España está por debajo de la media europea en implantación digital en colegios: mientras que en la UE el 53,3% del alumnado de 2º de Secundaria lleva al menos 5 años utilizando dispositivos digitales en la escuela, en España este porcentaje es solo del 41,9%.
Eliminar la tecnología en la escuela ampliaría la brecha digital, afectando especialmente a los alumnos con menos recursos, que no tienen acceso a dispositivos en sus hogares.
Además, este decreto entra en contradicción con políticas educativas ya vigentes en la Comunidad de Madrid, como el Programa Código Escuela 4.0, que tiene como objetivo desarrollar el pensamiento computacional y la programación desde Infantil y Primaria. El uso de dispositivos digitales es esencial para la aplicación de este programa, pero el decreto que se plantea lo haría inviable.
Si la propia Comunidad de Madrid impulsa iniciativas como Código Escuela 4.0 para mejorar la competencia digital de los estudiantes, resulta incoherente que, al mismo tiempo, limite el acceso a las herramientas necesarias para su implementación.
No a la imposición, sí al diálogo: una mesa de diálogo sobre educación y tecnología
El anuncio de este borrador de decreto ha generado inquietud en la comunidad educativa. Por ello, desde Escuela Excelente solicitamos que la Consejería de Educación abra un proceso de diálogo real y constructivo antes de tomar una decisión definitiva.
Proponemos la creación de una mesa de diálogo sobre educación y tecnología, en la que participen docentes, equipos directivos, familias, expertos en innovación educativa y administración pública.
Nuestro objetivo es claro: construir juntos un marco de actuación equilibrado, basado en la autonomía de los centros y en la formación del profesorado, que garantice un uso pedagógico adecuado de la tecnología en el aula sin restricciones injustificadas.